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Cierran comercios chinos acusados delitos tributarios
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) clausuraron ayer cinco establecimientos comerciales de propietarios chinos en el Distrito Nacional. Aseguran que estos hicieron transacciones bancarias por unos 4,000 millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado.
Indicaron que, luego de un análisis exhaustivo de informes de inteligencia financiera, las unidades encargadas de combatir el delito tributario de ambas instituciones detectaron prácticas contrarias a la ley como la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.
“Se trata de sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados y no procedieron a regularizar su situación”, indica la nota que emitieron en conjunto.
«Se trata de sanciones de segundo grado, ya que… fueron multados y no procedieron a regularizar su situación»
Los establecimientos cerrados son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada en la avenida José Martí 142, Villa Francisca; Long Xin, S.R.L., en la avenida Duarte 142, Mejoramiento Social y Zina Import, S.R.L., situada en la avenida Duarte 207, en Villa Consuelo.
Además, Repuestos By Zang & Lau, SRL., en la avenida Duarte 39, esquina avenida México, en Villa Francisca, y Business Manila & M, ARL., en la calle Manuela Diez 178, en Mejoramiento Social.
Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas, señalaron las instituciones.
Una acción solicitada
Comerciantes formalizados y gremios empresariales se han mantenido denunciando que negocios de propietarios chinos les representan una competencia desleal debido a que no cumplen con las normas tributarias y se instalan con facilidad. Han exigido una actuación de las autoridades.
Abogaron, ante las entidades reguladoras, para que se agilice el proceso de establecer reglas claras y que se cumplan, para la estabilidad empresarial.
Tras la insistencia de representantes del área comercial formal local y por iniciativa de la Dirección General de Aduanas, el 8 de noviembre de 2022, el Gobierno dominicano puso en funcionamiento una Mesa para el Control de la Competencia Desleal Fiscal. Aunque su cometido es general, los empresarios llevaron a las discusiones los negocios administrados por chinos.
En esta mesa participan los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes y de Hacienda; las direcciones de Impuestos Internos (DGII) y de Aduanas; la Superintendencia de Bancos; las asociaciones de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y de la Industria Textil (Aditex) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC). La Embajada China asegura que esa nación “siempre aboga por la competencia leal” y que su representación diplomática pide a sus nacionales que desarrollen negocios conforme a las leyes y reglamentos.
Cierre de comercio.
Aproximadamente 4,000 multas
Los cierres de los cinco negocios forman parte de un proyecto especial de fiscalización que ejecuta la Administración Tributaria que busca reducir la evasión y la competencia desleal entre comercios y empresas.
La DGII y la DGA informaron que el pasado año se colocaron un aproximado de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales, de las cuales 207 corresponden a multas a comerciantes asiáticos (chinos), de los cuales la mayoría tiene deudas en cobro coactivo.
Esto, además de unas 800 medidas conservatorias y se mantienen en investigación tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios chinos.
La DGII y DGA llamaron a las empresas y comercios a regularizar su situación tributaria, ya que su objetivo no es cerrar establecimientos, sino que se ajusten de acuerdo con lo que establecen las leyes.
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