Fenabanca emplaza a Hacienda para que regularice bancas de loterías

La Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) emplazó a las autoridades de las finanzas públicas mediante un acto de alguacil, para que culminen el Plan Nacional de Regularización de las Bancas.

La medida del gremio fue tomada tras oponerse a un plan de interconexión al Sistema de Control, Supervisión, Monitoreo y Autenticación de las Operaciones de Bancas de Lotería del Ministerio de Hacienda, por considerarla una medida arbitraria.

“En Fenabanca y en las asociaciones de loterías de diferentes provincias, no rechazamos la interconexión; nuestra oposición se aboca a la manera arbitraria, desinformativa, desorganizada y sin criterios claros con que se quiere imponer un plan de interconexión cuando no se tiene control ni siquiera de las bancas que operan de manera irregular en el país”, adujo el gremio. 

En una nota de prensa, Fenabanca dijo que este es el segundo acto de alguacil que emite sobre este tema, luego de un primer emplazamiento realizado el 6 de septiembre, pero que las autoridades prescribieron el tiempo de respuesta.

Por ello, avisaron que ejecutarán “las acciones legales establecidas a daños y prejuicios que puedan enfrentar los dueños de bancas, puntos de venta y agencias de loterías adscritas a la federación.

“Estamos solicitando y demandando del ministro de Hacienda, del viceministro del Tesoro, de la directora de Casinos y Juegos de Azar, del director general de Impuestos Internos (…) y de cualquier otra autoridad que por mandato de ley, tenga responsabilidad de fiscalizar y organizar el sector de juegos de azar”, afirmó.

Lo que dice el decreto sobre la regularización

El decreto 63-22 manda a concluir el Plan de Regularización del Sector de Bancas de Loterías, estableciendo los protocolos para determinar las bancas, puntos de venta o agencias que califican para obtener las licencias de operación.

Para ello, deben respetar los 200 metros de distancia que debe existir entre un establecimiento y otro.

También se establece que las autoridades deben implementar un plan para la fiscalización y clausura de bancas ilegales que no cumplan con los requisitos pautados.

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