En las negociaciones y relaciones con China, países como la República Dominicana a veces subestiman la importancia de las diferencias culturales y políticas. Es un error no tener presente que en China la frontera entre el Estado y el partido gobernante es tenue y difusa, que no hay un sistema judicial independiente, y que las libertades y derechos individuales son limitados.

Muy conocida ha sido la política del hijo único para limitar el crecimiento demográfico, impensable en un entorno democrático como el nuestro. Fue efectiva para lograr su propósito, pero produjo un serio y anómalo desequilibrio en la estructura de sexos de la población. Menos conocido pero igualmente restrictivo ha sido el mecanismo de registro que ata a las personas a sus lugares de nacimiento.

Ese mecanismo, cuyo origen en tiempos remotos estuvo ligado al mantenimiento de historias familiares para cada individuo, no fue exclusivo de los chinos, existiendo también en algún momento en Corea, Japón y Vietnam. Los chinos, sin embargo, lo refinaron, convirtiéndolo en un instrumento para impedir la migración desde las áreas rurales a las ciudades, siendo en la práctica una forma de discriminación dados los mejores ingresos y servicios públicos disponibles en las zonas urbanas.

El traslado sin autorización desde el sitio de registro a otros lugares conlleva la pérdida de tratamientos médicos, pensiones, trabajos oficiales, viviendas y servicios educativos, tanto para la persona como para sus dependientes. Y, mientras tanto, tiene que seguir pagando los impuestos aplicables en su sección de origen, aunque no esté viviendo allá ni recibiendo sus beneficios.

El crecimiento económico y la mayor demanda por trabajadores en los polos de desarrollo han suavizado el mecanismo. Aun así, quienes están registrados en esos lugares tienen preferencia sobre los inmigrantes llegados desde otras zonas, en términos de salario, alojamiento, financiamiento y derechos laborales.

 

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