La Fiscalía de Guatemala pedirá a la Corte Suprema despojar de su inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, por el caso de la ocupación de una universidad en 2022. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema, cuyos nuevos magistrados fueron sorpresivamente elegidos el miércoles por el Congreso, dominado por el oficialismo, en un proceso pendiente desde 2019.

Según la Fiscalía, los delitos que se le imputan al presidente electo, a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, además de a otros seis legisladores opositores, son «depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias». 

Los 13 meses que estuvo tomada la Universidad de San Carlos (USAC) en 2022 significó una plataforma política para candidatos de Movimiento Semilla y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), según la tesis del Ministerio Público, revelada este jueves 16 de noviembre.

“Se nos quiere meter presos para callarnos”

Poco antes del anuncio, la Fiscalía allanó varias residencias para detener a una treintena de docentes y estudiantes universitarios, por la ocupación de la universidad. Uno de los abogados defensores del caso, Ramón Cadena, está bajo orden de arresto y fue contactado por RFI.

“Cuando los abogados actuamos, defendiendo a José Rubén Zamora o defendiendo a Claudia González o defendiendo a la lucha en contra de la corrupción, se nos ataca y se nos quiere meter presos para callarnos”, denuncia Cadena.

Por otro lado, “el caso de la Universidad de San Carlos es un caso gravísimo porque el Estado de Guatemala y el rector actual es impune y no ganó las elecciones, cometió un fraude y por eso Walter Mazariegos es el actual rector”, recuerda el abogado, que subraya que es por ese caso que está siendo actualmente “perseguido, a punto de que me metan preso”.

“Esta dictadura hay que pararla”

Con el caso de la universidad ocupada para denunciar un fraude en la elección del rector Walter Mazariegos, vinculado al gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei, la Fiscalía abrió un nuevo frente contra Bernardo Arévalo, luego de conseguir inhabilitar a su partido Semilla y de desestimar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que validó su triunfo en las elecciones. Arévalo, que debería asumir el cargo de presidente de Guatemala el próximo 14 de enero, denuncia un golpe de Estado antes de su investidura.

Ramón Cadena, también director para Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), insiste en que “lo que están haciendo es una barbaridad. Es una barbaridad total y están persiguiendo a gente buena. A mí me están persiguiendo. Yo soy un abogado que he defendido a comunidades toda mi vida y ahora me llaman. Ya se había metido en mi casa un comando militar. Me quedé en Guatemala porque dije ‘me quedo’. No puede ser que me estén persiguiendo por mi trabajo. Mi trabajo es honesto, es claro y yo sigo aquí”.

“Esto ya no se aguanta más. Esta dictadura hay que pararla y sólo la puede parar la calle con las poblaciones o la comunidad internacional con las sanciones económicas. Nada más. Es la forma de pararla”, recalca.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció este miércoles los intentos de «impedir una transición pacífica del poder» en Guatemala, mientras Estados Unidos insistió en que se respeten los resultados del balotaje del 20 de agosto, en el cual Arévalo se impuso por amplia mayoría.

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