Varios agentes encubiertos dieron seguimiento a un grupo de denominados buscones para identificar a cada uno de los integrantes de la supuesta red dedicada a la falsificación de documentos oficiales en perjuicio del Estado dominicano y el sistema jurídico nacional, investigaciones que fueron iniciadas desde el año 2022, según el Ministerio Público de Santiago.

La red desmantelada la semana pasada fue denominada «Operación Colibrí«, por el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional y con el apoyo de la Junta Central Electoral.

Estaba compuesta por abogados y diferentes personas, 16 por el momento, sobre todo buscones que abordaban a los ciudadanos para ofrecerles obtener los documentos sin la burocracia que ameritan los diversos procesos.

Las primeras alertas de las operaciones de la red fueron detectadas por la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral Jurisdicción de Santiago, luego de que algunos ciudadanos acudieron por el servicio y se encontraron con que otra persona tenía el mismo documento evidenciando la suplantación de identidad.

Te puede interesar

Ministerio Público revela los nombres de 16 imputados «Operación Colibrí»

Fijan para el lunes audiencia de medidas de coerción contra 16 imputados de Operación Colibrí

Los servicios eran ofrecidos por los llamados buscones quienes se concentraban en los alrededores del edificio de la Junta Electoral Municipal de Santiago, ubicada en la Avenida Las Carreras esquina Hermanas Mirabal, también frecuentaban en el parqueo del edificio de Oficinas Gubernamentales conocido como el Huacalito.

La Dirección de Seguridad de la Junta Electoral recibía reportes de casos de uso de cédulas falsas por ciudadanos haitianos que, principalmente, intentaban declarar a hijos nacidos en la maternidad René Klang de Guzmán, así mismo, otros eran detectados al hacer el cruce de datos biométricos, en otras oficinas de la Junta cuando acudían a realizar solicitud de duplicados o sustitución del plástico.

Los Haitianos pagaban entre RD$7,500 y 10 mil pesos por obtener cédulas falsas.

Todas estas incidencias de sospecha fueron notificadas al Ministerio Público quien decidió montar una vigilancia, para determinar a los componentes de la red y poder someterlos a la justicia.

Empezaron por los buscones e identificaron al líder de estos

La acción de investigación la realizaron varios agentes encubiertos, quienes lograron obtener evidencias documentales e iniciaron vigilando a los llamados buscones, quienes tenían a un jefe encargado de coordinar los trabajos delictivos del día a día en los lugares que los ciudadanos acuden en busca de servicios.

De acuerdo a la investigación, a cuyo expediente Diario Libre tuvo acceso, el Ministerio Público identificó como el cabecilla de los buscones a Luis Manuel Rodríguez Taveras, conocido también como El Bambino o El Lobo, quien desde tempranas horas de la mañana merodeaba el edificio de la Junta, previo a dar directrices a los que trabajaban con él.

Rubén Amauris Rodríguez, otro de los supuestos buscones que se imputa de conformar parte de la red, se capturó en imágenes abordando personas para ofrecer los servicios de obtención de documentos en tiempo récord de quince minutos.

Uno de los agentes encubiertos le solicitó la obtención de una cédula de identidad, al investigado José Miguel Cruz Hiraldo, y este delató sus acciones que luego permitirían su apresamiento.

«En fecha 22 de mayo del 2023, el investigador actuando como agente encubierto bajo el seudónimo de Elías, se dirigió como usuario a las instalaciones de la JCE localizadas en el edificio BNV de la ciudad de Santiago, donde fue interceptado por José Miguel Cruz Hiraldo alias Sandy, el cual está en las afueras de la JCE quien utiliza una sombrilla amarilla, aparentando ser el parqueador, usando este método para captar los ciudadanos que se presentan en busca de servicios a dicha oficina, donde al preguntarnos qué buscamos, le expresamos que necesitábamos una copia de una cédula, este nos manifestó que dicho documento tenía un costo de mil pesos (RD$1,000.00), preguntando qué datos teníamos, procediendo a suministrarle el nombre del señor Rafael Belarmino Peña Morel», expresa el documento de la imputación.

«Comandante tírame esa que la están esperando de una vez»

Continua el expediente narrando cómo hizo el imputado Cruz Hiraldo hasta que entregó el documento solicitado: «Sin más datos, él procedió a mostrar otro documento en su teléfono de una persona que, de igual manera, también le había realizado el mismo trabajo minutos antes, para de esta manera darnos la certeza de que él podía sacar ese documento sin problemas, procedió a enviar los datos vía WhatsApp a una persona desconocida por una nota de voz, expresándole lo siguiente: «COMANDATE TIRAME ESA QUE LA ESTAN ESPERANDO DE UNA VEZ», nos comunicó que ese trabajo tenía un tiempo de espera de 15 minutos, por lo que inmediatamente procedió a trasladarse a la Oficina de Abogado Tavares y Asociados ubicada en la calle Federico de Jesús García, Santiago, donde tardó aproximadamente diez minutos en dicho lugar.

José Miguel Cruz Hiraldo, alias Sandy, se trasladó nuevamente a la oficina de abogados Tavares y Asociados y al salir de allí  se trasladó al Centro de Internet Gutiérrez, ubicado en la calle Belisario Curiel # 74, Santiago, donde los investigadores de inteligencia lo vieorn  salir del lugar con la copia de la cédula solicitada. Luego,  la entregó  al  agente encubierto de manera física en la junta.

Los imputados son 16 en total y fueron identificados como: Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavárez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal y Arsenio Rafael Reyes.

También Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último, un empleado de la Junta Central Electoral.

La Fiscalía de Santiago presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

En adición, contra Acevedo García, se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.

Por

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *