Varios empleados de la Junta Central Electoral (JCE) están entre las personas que son investigadas por el Ministerio Público por sus alegados vínculos con la red que se dedicaba a falsificar documentos públicos en Santiago.

La información la ofreció a Diario Libre una fuente ligada a la investigación sobre falsedad de documentos y suplantación de identidad.

Entre los documentos que el órgano acusador sostiene falsificaba la estructura impactada, mediante múltiples allanamientos en distintos puntos de Santiago, figuran actas de nacimientos, de defunción y matrimonio.

La red desarticulada con la Operación Colibrí se dedicaba a la falsificación de licencias de conducir, licencias para el porte y tenencia de armas de fuego, diplomas de bachillerato, actas de bautismo, matrimonio y hasta actas de defunción.

Otros delitos que realizaban los integrantes de la presunta red de falsificación eran trámites de legalización de extranjeros como dominicanos.

La estructura que falseaba dichos documentos fue desmantelada este jueves durante al menos 20 allanamientos en distintos puntos de la provincia, donde detuvieron a varias personas, entre ellos abogados.

La mayoría de intervenciones fueron realizadas en oficinas de profesionales del derecho.

Uno de los lugares intervenidos fue la oficina de abogados Tavárez y Asociados, ubicada en la calle Francisco de Jesús García, del sector Pueblo Nuevo. 

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la cantidad de personas que están detenidas.

Muchas de las víctimas pagaban altas sumas de dinero por los documentos que falsificaban los integrantes de la estructura.

En el operativo del Ministerio Público participaron agentes de unidades especiales de la Policía Nacional y de otros organismos castrenses de la República Dominicana.

Los arrestados en los allanamientos podrían enfrentar cargos por los delitos de suplantación de identidad, uso de documentos falsos y falsificación de documentos públicos, sancionados por el Código Penal Dominicano, además de los descritos en la Ley 8-92 sobre Cédula de Identidad y Electoral.

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