Más de dos décadas después de que Guantánamo recibiera en 2002 a sus primeros reos, esa prisión estadounidense en territorio cubano arrastra con el paso del tiempo la dificultad de hacer justicia y la posibilidad de que algún día llegue a cerrarse es, como su ubicación, remota.

«Guantánamo es un símbolo de lo que no hay que hacer», resume el coordinador de los equipos de defensa en la base, el general de brigada Jackie Thompson, la misma semana en que está programada una nueva audiencia preliminar del eventual juicio contra el autoproclamado cerebro de los atentados del 11-S, Khalid Sheij Mohamed, y tres supuestos cómplices.

A Guantánamo se llega en un vuelo fletado por el Pentágono que rodea la punta este de Cuba para no sobrevolar el espacio aéreo del país.

El ferry que cruza después la bahía acerca al visitante a sus dos realidades.

Por un lado la belleza del paisaje, con colinas plagadas de árboles frente al intenso azul del mar. Por el otro las alambradas, puestos de control y carteles de zona restringida del recinto al que la desalinizadora y las plantas eléctrica y de gas -que permiten que la base sea autosuficiente- dan, por momentos, un aspecto de complejo industrial.

La zona residencial incluye un McDonald’s, una bolera, campo de golf, piscina, gimnasio, oficina postal, capilla compartida para los distintos credos, escuela, supermercado, tres cines gratuitos al aire libre y hasta tienda de souvenirs.

Abandonado al olvido

El antiguo Campamento X-Ray, el que quedó inmortalizado por sus jaulas a pleno sol con presos hacinados en mono naranja en su interior, aún está en pie. Abandonada y con maleza creciente, la prisión que puso a Guantánamo en el punto de mira de los defensores de los derechos humanos tiene vetada la toma de imágenes incluso para los residentes del lugar.

Llegó a haber en toda la base unos 780 presos y los 30 que quedan están ahora en los Campamentos 5 y 6. El primero para los considerados de «alto valor», como los acusados por los ataques del 11 de septiembre de 2001, y el segundo para los internos de perfil más bajo.

Las comisiones militares han presentado cargos contra once, de los cuales 10 están pendientes de juicio. De dieciséis se ha recomendado su eventual traslado a un tercer país y otros tres son los llamados «prisioneros eternos», que ni han sido acusados ni pueden optar al traspaso.

Llegaron a Guantánamo en el marco de la «guerra contra el terrorismo» lanzada por el expresidente republicano George W. Bush (2001-2009) tras el 11-S, en el que murieron casi 3.000 personas, pero muchos de sus casos no consiguen avanzar por el cuestionable método con el que se les extrajo información.

«Estados Unidos estaba tratando de ver si se produciría otro ataque y quienes tomaban las decisiones se involucraron en el programa de técnicas de interrogatorio mejoradas, al que algunos se refieren eufemísticamente como un programa de tortura. La decisión de aquellos es la razón por la que todavía estamos aquí hoy», recalca Thompson.

Su prioridad, afirma, es salvar la vida de quienes podrían ser condenados a pena de muerte, gestionar la repatriación de quienes pueden optar a esa opción y velar por el respeto de unas condiciones dignas de encarcelamiento.

Críticas humanitarias

Pero el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU (CCPR, por sus siglas en inglés) mostró su preocupación este pasado viernes por la falta de fecha prevista para el cierre de las instalaciones y el hecho de que algunos reclusos permanezcan allí desde hace dos décadas sin haber sido ni juzgados ni acusados.

En su quinto informe periódico sobre Estados Unidos, pidió al país poner fin a ese sistema de detención indefinida, ofrecer a los presos garantías de cara a un juicio justo y acelerar tanto el traspaso de los rehenes elegibles para esa posibilidad como el cierre en sí del enclave.

El lugar, añade a EFE Daphne Eviatar, directora del Programa de Seguridad con Derechos Humanos de Amnistía Internacional, es sinónimo de tortura, violación de esos derechos y detención indefinida sin juicio o cargos.

Su suerte está ligada a la voluntad de la Presidencia y del Congreso, pero ni la Administración de Barack Obama (2009-2017) ni la de Donald Trump (2017-2021), como tampoco ahora la de Joe Biden, lo han considerado prioritario.

Un oficial del Departamento de Defensa admite a EFE que cerrar el centro de detención no es fácil. La ley prohíbe el uso de fondos para tal fin y para transferir a los detenidos a Estados Unidos, y también hay resistencia política: en 2009, cuando Obama intentó ponerle fin, el Senado se opuso en bloque, con 6 votos a favor y 90 en contra.

Guantánamo, mientras, mira para adelante. En el Campamento Justicia, que alberga las comisiones militares que juzgan a esos presos, barracones en construcción se preparan para poder recibir el incremento de gente que movilizaría la celebración del juicio del 11-S, todavía sin fecha. 

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