A las 4:00 de la tarde del jueves 19 de octubre de este año, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso el cese de la prisión preventiva del exministro de Hacienda Donald Guerrero. Al día siguiente, “en la noche”, el exfuncionario dejó atrás los barrotes de la cárcel Najayo-Hombres, ubicada en la provincia San Cristóbal.

Guerrero, quien permaneció preso seis de los 18 meses de coerción que se le impusieron, es el principal acusado en el caso de corrupción Operación Calamar y hasta ahora el más importante que ha sometido el Ministerio Público.

La información del día en el que se hizo efectivo el fallo la dio a conocer la abogada Laura Rodríguez, del equipo de defensa de Guerrero.

Aunque ante los medios de prensa la directora de Persecución del Ministerio Público (MP), Yeni Berenice Reynoso, no reaccionó a la decisión de la corte, la resolución número 501-2023-TACT-00921, la procuradora adjunta pidió que se desestimara el recurso sometido por el exministro para obtener la libertad. 

Campaña contra lucha de corrupción 

Entre los argumentos que alegó la procuradora adjunta, para que se rechazara la variación de la medida de coerción, incluyó supuestas obstrucciones al proceso de investigación. 

Indicó que durante varios “viajes que dio a Puerto Rico” se le descubrió “todo el mapa societario que cambió el imputado en plena investigación”.

Sostuvo que el Ministerio Público hizo las indagatorias de manera “conjunta” con el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos”.

A modo de denuncia, dijo que el órgano persecutor ha “sido sometido a una campaña feroz, falsa”, a través de un lobista contratado en Estados Unidos, para “atacar a los investigadores”. 

Esto, manifestó, “dio lugar incluso a que se escribieran artículos en Estados Unidos sobre la campaña en contra de las investigaciones de corrupción en República Dominicana”.

Motivación de la corte para variar la medida

Al motivar su fallo, los magistrados de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Doris Pujols (presidenta de la sala), Rafael Báez e Indhira Montás, dijeron que no veían peligro de fuga del exfuncionario, lo que pudiera poner en riesgo su proceso penal. Consideraron que tampoco habría “ningún tipo de peligro procesal” con su puesta en libertad.

No se sometió pruebas

La corte también arguyó que, en relación al argumento del Ministerio Público de que se “produjeron algún tipo de manipulaciones” por parte del acusado, mientras era investigado, “para romper cualquier puente que condujera a las autoridades” hacia él, “nada de eso ha sido documentado y probado en esta sala”. 

Tampoco que “agencias internacionales de investigación han tenido ya conocimiento y procesan investigaciones”. La corte dijo que esto era de «ignorancia total de la sala, porque no se aportó ningún documento que pudiera avalar ese señalamiento o ese argumento que hizo el órgano acusador”. 

Único acusado importante con presentación periódica

Contrario a como ha ocurrido en los demás casos de supuesto dolo en la administración pública y llevados a la justicia en los últimos tres años, en los cuales los principales imputados cumplieron el tiempo máximo de los 18 meses de prisión preventiva y actualmente tienen arresto domiciliario, a Donald Guerrero se le varió la coerción por presentación periódico cada mes ante el Ministerio Público.

La medida se combina con una garantía económica de cinco millones de pesos a través de una aseguradora e impedimento de salida del país.

Los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, los primeros detenidos por alegada malversación en el actual Gobierno en Operación Antinpulpo; el exprocurador Jean Alain Rodríguez, del caso Medusa, y los altos oficiales del Ejército Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiu, del expediente Coral y Coral 5G, cumplen actualmente prisión domiciliaria después de agotar los 18 meses para casos complejos que establece el Código Procesal Penal como medida de coerción.

De lo que se le acusa a la red Calamar

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a los 20 personas en Operación Calamar. El principal imputado es Donald Guerrero, de «hacer libramientos de pagos irregulares por la expropiación de terrenos declarados de utilidad pública».

También se le imputa de sobornos a empresarios constructores, a los que alejadamente se les prometía pagos de deudas de más de diez años, para que dieran dinero durante la campaña política del 2019, así como de extorsión a bancas de loterías.

El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, otro señalado en Calamar, “pelea” en los tribunales para que también se le varíe la medida y poder salir del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en donde estaba Guerrero. Ellos eran los únicos con medida de coerción de prisión preventiva.

Del grupo de los veinte, solo tenían la coerción de presentación periódica, impedimento de salida del país y garantía económica, el excontralor Daniel Omar Caamaño y el empresario Rafael Parmenio Rodríguez.

Los demás tienen arresto domiciliario y son Gonzalo Castillo, Ángel Lockwrad, Roberto Santiago Moquete Ortiz, el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.

También están “presos en sus casas” el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.

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