El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó el miércoles 25 de octubre la solicitud de anular la acusación contra los acusados en la Operación Antipulpo, liderada por los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez.

Las juezas del tribunal, Claribel Nivar (presidenta), Clara Sobeida Castillo y Gissel Soto, consideraron que la solicitud carece de fundamento jurídico. Los abogados de los imputados se adhirieron a esta solicitud.

Las defensas de los implicados en el caso de corrupción argumentaron que la acusación del Ministerio Público viola el artículo 6 de la Constitución y no les ha permitido una defensa adecuada.

El Segundo Tribunal Colegiado, al justificar su decisión, afirmó que durante todo el juicio ha estado tomando medidas correctivas para que el órgano acusador cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 294 del Código Procesal Penal, leyendo en cada momento los hechos que se presentan durante las audiencias.

Además, adelantó que al finalizar la lectura de la acusación, la presidenta Nivar Arias preguntará a los procesados si han comprendido los hechos de los que se les acusa y, en caso de que no los hayan entendido, ella misma tendrá la obligación de resumir esos hechos de manera comprensible para los acusados.

Niega comenzar juicio desde cero

Las magistradas también rechazaron la solicitud de reiniciar el juicio desde cero, ya que no se han presentado razones para hacerlo.

El tribunal determinó que «no existe fundamento jurídico para declarar la nulidad y reiniciar el juicio«.

Sin embargo, el tribunal señaló que es «probable» que el juicio deba ser suspendido en algún momento para llevar a cabo diligencias fuera del escenario de los debates, como brindar oportunidades a testigos o atender situaciones imprevistas que puedan surgir para algún imputado.

Tres meses fallidos y un mes en curso

Después de varios incidentes que surgieron debido a los acusados y que impidieron que el proceso comenzara el 25 de junio como estaba programado, el juicio pudo comenzar hace exactamente un mes. Durante este tiempo, el Ministerio Público ha logrado leer menos de 500 páginas de las más de 3,000 que contiene el expediente.

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