La preponderancia del consumo interno es evidente en la economía mundial. Aún en países como China, cuyo crecimiento económico reciente ha estado sustentado por la exportación de manufacturas, el gobierno ha llegado a la conclusión de que para mantener altas tasas de expansión es necesario que la participación del consumo interno en el PIB suba. Y en países como el nuestro, con déficits comerciales y acelerado endeudamiento externo, la preocupación es que el consumo puede ser muy elevado en relación con la inversión, y no lo contrario.
Pero si el consumo es tan importante en nuestra economía, cabría preguntarse por qué los consumidores, como grupo, tienen tan poca incidencia en las discusiones sobre las políticas públicas. Tienen sí, como votantes cada cuatro años o por medio de la distribución de sus gastos, influencia sobre la elección de las autoridades y las decisiones de los empresarios, pero en los debates de las políticas los que participan son organismos empresariales, sindicales, profesionales y gubernamentales.
La carencia de fuertes entidades privadas representativas de los consumidores ha permitido que agrupaciones de comerciantes, sindicatos y otros sectores puedan proclamar estar interesados en la defensa del consumidor, cuando muchas veces sus argumentos están motivados por sus propios intereses. También ha provocado que se espere que Pro Consumidor, un organismo estatal, se haga cargo de vigilar calidades, anuncios, componentes, vencimientos, pesos, precios, volúmenes y demás atributos de los productos, excediendo en algunos casos los límites impuestos por la libre competencia.
La atomización de los consumidores les impide ejercer la influencia que por su importancia en la economía les corresponde. Es una muestra de nuestra falta de disposición para aunar esfuerzos y coordinar acciones, prefiriendo usualmente cada quien tratar de resolver sus asuntos por sí mismo de forma individual.
