La existencia de la gran suma de dinero acumulada en los fondos de pensiones motiva propuestas para que sean invertidos para tal o cual propósito, y también atrae la atención de los propios dueños de los recursos.
En el primer caso, el de las propuestas, se plantea que parte del dinero deba ser dedicado para financiar alguna actividad específica, haciendo usualmente resaltar su importancia para el desarrollo del país. Dado que los fondos pertenecen a los afiliados, cualquier disposición que implique obligatoriedad debe ser rechazada.
En el segundo caso, los propietarios de las cuentas desean hacer uso del dinero, en lugar de dejarlo para luego recibir una anualidad o pensión, alegando que es su dinero y que lo necesitan ahora. Hacer eso, por supuesto, desarticularía el sistema y le impediría alcanzar sus objetivos, razones por las que no convendría permitirlo.
Respecto de este caso, en muchas ocasiones los dueños de las cuentas quieren retirar el dinero para gastarlo, siendo ésta una actitud de imprevisión característica de sociedades para las que el futuro no cuenta. Por su propia voluntad, no ahorran sino que lo que acumulan son deudas. En otras ocasiones, sin embargo, pueden presentarse situaciones apremiantes que mueven a desear poder acceder a los recursos. Aunque, por igual, no conviene permitirlo, es indudable que esas circunstancias revelan debilidades que ponen presión sobre el sistema.
El problema radica en que se ha procurado asegurar ingresos posteriores a la edad de retiro, mientras no hay seguros para los ingresos durante la edad laboral. Cuando alguien pierde su trabajo, por ejemplo, y tiene que seguir manteniéndose, a sí mismo y a sus familias, enfrenta un difícil dilema para subsistir si no tiene ahorros suficientes. Tendría que depender de su liquidación, vender algo de su propiedad, o recurrir a préstamos.
En países en los que opera un seguro de desempleo, esa persona continúa recibiendo ingresos en lo que busca trabajo. Aquí eso no sucede.
