El exdirector general de Impuestos Internos (2016-2020) Magin Díaz se mostró de acuerdo con que los salarios de los trabajadores no sean indexados en la República Dominicana.
Reconoció que es una decisión de políticas económicas y cree que desde antes del 2017 no se indexan los salarios.
«Es una forma de capturar base tributaria. Esa es la realidad, y el gobierno ha seguido con esa política que viene desde hace años como una forma de no perder ingresos tributarios. Mi opinión es que debería seguir haciéndose hasta que se discuta una gran reforma tributaria, que será en uno o dos años», expresó Magin Díaz.
En la rendición de cuentas del Presidente de la República, Luis Abinader, este 27 de febrero, Díaz dijo que el gran reto es el manejo de la situación haitiana.
«Yo entiendo que el presidente va a hablar de ese tema. Yo creo que ese es el gran reto que enfrenta la República Dominicana, que toca la economía y toca factores políticos y sociales», expresó.
El economista habló previo a la conferencia magistral auspiciada por Macro Ideas, iniciativa de la firma consultora Ecomod, liderada por Magín Díaz, con el apoyo de Mediáticos, consultora en comunicación que dirige el periodista Víctor Bautista.
En esa actividad, el asesor fiscal internacional Alberto Barreix -especialista que ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo que La República Dominicana, como las naciones de América Latina, debe prestar atención a la evolución del consenso de 137 países para establecer una nueva fiscalidad internacional que traerá consigo grandes complejidades, obligará a diseñar nuevos marcos regulatorios y acarreará nuevos costos de cumplimiento.
Barreix advirtió que ante la opción de los países de continuar con una política tributaria autónoma -obviando el consenso que se produjo en el cuarto trimestre de 2021- se asume el riesgo de menoscabar su integración comercial y financiera internacional.
El experto se refirió a dos pilares que, a partir de 2024, se podrían convertir en convenios internacionales de adhesión voluntaria: se trata en primer lugar de introducir un mecanismo de reparto de las utilidades “extraordinarias” generadas por las aproximadamente 120 «mega” multinacionales más grandes y, como segundo enfoque, implementar un impuesto mínimo a la renta empresarial a los grupos multinacionales.