Una señal de progreso considerada inequívoca es la reducción en la tasa de mortalidad segmentada por edades. A nivel mundial se registra un incremento consistente en el promedio de años que una persona puede esperar vivir al nacer. Parte de dicho aumento se debe a avances en la prevención de enfermedades y en los tratamientos médicos, pero otra parte es consecuencia de mejoras en los niveles de vida resultantes del crecimiento económico.
No obstante ese encomiable incremento, la distribución del aumento, tal como sucede también con otras manifestaciones de progreso, no es equitativa. Dentro de un país, los más beneficiados por la prolongación de la expectativa de vida tienden a ser los estratos sociales de mayores ingresos, situación que se vincula con su más amplia disponibilidad de recursos para una buena alimentación y para acceder a medicamentos y cuidados médicos más sofisticados, así como por dedicarse a actividades menos expuestas a sustancias nocivas y al riesgo de sufrir accidentes.
Desde ese punto de vista, la pobreza es un factor determinante de la esperanza de vida. Estudios publicados el año pasado, sin embargo, muestran que excluyendo los efectos puntuales y transitorios de la pandemia, se detecta una relación aún más significativa con el nivel educativo de los hogares. Por supuesto, existe una estrecha conexión inversa entre la educación y la pobreza, lo que dificulta separar los efectos de ambas sobre el comportamiento de la mortalidad. Pero utilizando métodos estadísticos para distinguir uno del otro, se ha podido constatar que la más baja educación, a igualdad de ingresos, está asociada con avances más modestos en el promedio de vida de los grupos sociales evaluados.
Las personas menos educadas son más propensas a ser afectadas por factores perjudiciales para la salud, tales como dietas desbalanceadas, confianza en tratamientos ineficaces, creencias erradas, y propensión a dejarse llevar por opiniones no calificadas.
