El cambio ha sido tan veloz y tan oscurecido por las circunstancias, que apenas nos damos cuenta de lo que está sucediendo. La mayor diferencia entre los gobiernos conservadores y los de izquierda, estos últimos también conocidos años atrás como progresistas, era su visión acerca de la economía. Exhibían además rasgos disímiles en otras esferas, tales como militarismo, alianzas externas y provisión de servicios sociales, pero su distinción fundamental radicaba en su enfoque sobre el alcance de las actuaciones gubernamentales en comparación con el de las actividades privadas. Los conservadores lo consideraban ser un rol secundario, pero para sus rivales debía ser un rol protagónico.
Esa discrepancia se mantiene, pero ha estado siendo relegada a un segundo plano por temas que, aunque son vinculados, son de otra índole. De hecho, la posición respecto de los gastos públicos y los subsidios, otrora una marca ideológica determinante, se ha ido desvaneciendo como criterio de diferenciación. Observamos en ese sentido gobiernos conservadores que ponen en marcha programas populistas, y gobernantes de izquierda que se empeñan en reducir los déficits fiscales.
Las diferencias más notorias se aprecian ahora en términos de asuntos como el estatus de las minorías, la inmigración, la distribución del poder político, el medio ambiente, las preferencias sexuales, la familia y la igualdad de oportunidades. Los puntos económicos continúan figurando entre esas características, pero el escenario se ha movido hacia la estructura, composición y funcionamiento de la sociedad, un área mucho más vasta definida por elementos menos cuantificables con los instrumentos habituales a disposición de los economistas.
Por su propia naturaleza, estos elementos tienen un gran impacto personal y psicológico, generando reacciones emocionales antagónicas difíciles de conciliar. En tales condiciones, es pequeña la probabilidad de transigir en esa clase de asuntos en aras de la unidad.
