La oficina del fiscal general de México, encabezada por Alejandro Gertz Manero, informó el domingo 16 de octubre que está investigando la compra del software espía Pegasus por parte de la administración anterior y si se llevó a cabo de manera legal.
En un comunicado, la oficina se refirió a las investigaciones existentes de dos personas, incluido un destacado exfuncionario, sobre el uso de spyware, días después de que el gobierno actual, presidido por Andrés Manuel López Obrador, negara haber espiado a periodistas o críticos.
Pegasus pertenece a la firma israelí de software espía NSO Group, que normalmente solo vende el software a gobiernos u organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, de acuerdo con el informe publicado en el sitio web de Reuters.
El spyware se instala en dispositivos que ejecutan ciertas versiones de iOs y Android, y es capaz de leer mensajes de texto, rastrear llamadas, recopilar contraseñas, rastrear la ubicación del teléfono y recopilar información de las aplicaciones.
Una compra millonaria
En el comunicado, los fiscales mexicanos aseguraron que estaban analizando la adquisición de Pegasus por parte de la anterior oficina del fiscal general por 457 millones de pesos mexicanos, equivalentes a 23 millones de dólares.
Los investigadores intentan establecer si la compra se había hecho con la debida justificación y si se habían seguido los procedimientos de licitación pública necesarios.
En la segunda investigación, la oficina expresó que las autoridades judiciales habían recibido evidencia de que NSO había estado “vendiendo ilegalmente” Pegasus, sin proporcionar más detalles.
NSO dijo a Reuters que otorga licencias de Pegasus solo a las agencias de inteligencia y aplicación de la ley de estados soberanos y agencias gubernamentales luego de la aprobación del gobierno israelí, y rescinde los contratos cuando se detectan irregularidades.
El anuncio del fiscal general se emitió casi dos semanas después de que el presidente López Obrador negara que sus funcionarios espiaran a periodistas u opositores luego de que un organismo de control informara que los teléfonos de al menos tres personas que investigan abusos contra los derechos humanos en México estaban infectados con Pegasus.